Entre sangre, urnas y grave crisis humanitaria

Escribe Oscar G. Barrientos Jiménez Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional

Abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, Diplomado en Educación Superior e Investigación, Diplomado en Argumentación Jurídica, Máster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Los procesos constituyentes en Latinoamérica se han caracterizado por intentar recuperar la dignidad de los pueblos, que históricamente han tenido que soportar gobiernos sin la más mínima legitimidad, escudados en un sistema constitucional fracasado y protectivo de élites que se han beneficiado por muchos años de la hegemonía del poder, lo que en gran medida contribuyo a las enormes brechas entre ricos y pobres. Por ello, como bien refiere Negri “hablar de poder constituyente es hablar de democracia”

"Hablar de poder constituyente es hablar de democracia” "

La asamblea constituyente no es más que la activación del soberano que democráticamente intenta cambiar las situaciones de desigualdad, pobreza y discriminación a través de la dotación de una nueva Constitución. Es por ello un instrumento valioso para preservar la democracia y el cambio social de cualquier país. Lamentablemente, lo que acontece en el hermano país de Venezuela con la inconstitucional activación de una Asamblea Constituyente por parte del detentador absoluto de poder a través de un decreto presidencial, no es más que una medida por demás desesperada en aferrarse ilegítimamente al poder. Hemos atestiguado con asombro el desmontaje constitucional del mecanismo democrático más importante para reformar una constitución. Nos encontramos ante una desviación aberrante e instrumentalización de todo el ordenamiento jurídico constitucional que al más fiel estilo de las dictaduras de gobiernos militares de la década de los 70 y 80, que con decretos leyes o decretos ejecutivos destruían cualquier intento de control del poder político o supremacía de la Constitución. Un Gobierno absolutista sin ningún tipo de frenos y contrapesos que no duda en destruir y avasallar todo intento por recuperar el restablecimiento de la vida constitucional del hermano país.

Hemos llegado a un extremo insostenible, en el que se condiciona la vigencia de la Constitución con un simple decreto lo que vulnera flagrantemente los artículos 5, 70, 347 y 348 de la Constitución venezolana.

Lo más preocupante es que el hermano país desde hace un par de años está sumido en una profunda y grave crisis humanitaria. Human Rights Watch (HRW) ha demostrado con una serie de informes documentados que el sistema de salud venezolano está inmerso en una escasez de medicamentos y otros insumos médicos básicos que ha venido generando un marcado deterioro de la calidad y la seguridad de la atención en los hospitales. Entre los insumos que faltan o escasean en hospitales públicos se incluyen guantes y gasas estériles, antisépticos, alcohol de uso médico, bisturíes, agujas, catéteres, soluciones intravenosas, nebulizadores y suturas quirúrgicas. Incluso era común que faltarán productos básicos de limpieza (como lavandina), que son esenciales para asegurar un ambiente estéril en los hospitales. HRW recibió información fidedigna sobre una gran cantidad de casos de pacientes con condiciones médicas crónicas como cáncer, hipertensión, diabetes y epilepsia —además de pacientes con trasplantes de órganos— que tenían dificultades para conseguir medicamentos esenciales. Los medicamentos que necesitaban a menudo no están disponibles en farmacias públicas ni privadas y si se compran en el extranjero resultan excesivamente costosos.

Existe también una severa escasez de artículos de primera necesidad, incluso de alimentos. Otros artículos básicos como pañales, dentífrico y papel higiénico que las personas podían comprar están estrictamente racionados, si es que acaso se consiguen. Por ejemplo, en general las personas podían comprar un kilogramo de harina de maíz o arroz o dos paquetes de pañales por semana, si estos artículos efectivamente estaban disponibles. Según explicaron a HRW diversas personas que estaban en las largas filas para adquirirlos, hubo artículos, como el azúcar y el papel higiénico, que directamente habían desaparecido de los supermercados durante meses.

A ello tenemos que agregar las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas que han llevado a cabo más de 135 operaciones, incluidas redadas en comunidades populares, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). En total, 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”, según el propio Ministerio Público de ese país. Agentes de seguridad han llevado adelante detenciones masivas e indiscriminadas sin exhibir órdenes judiciales, en ocasiones deteniendo a personas que estaban durmiendo en sus casas, según relataron residentes. Fuentes oficiales establecieron que las fuerzas de seguridad detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas entre julio de 2015 y enero de 2016.

Por todo lo referido, repudio la inconstitucional Asamblea Constituyente del señor Nicolas Maduro y sus séquitos, que nació con insubsanables vicios de inconstitucionalidad vulnerando toda noción de respeto a la vida e institucionalidad democrática. En resumen una constituyente llena de sangre con aproximadamente 10 personas muertas y con el 60% de rechazo de la población, esto sin contar el evidente fraude electoral que tampoco pudo doblegar a un pueblo valiente y tenaz. Por ello, al considerarme constitucionalista me sumo a los pedidos democráticos de los gobiernos de Costa Rica, México, Perú, Argentina y España, que formalmente han desconocido públicamente esta sangrienta y forzada constituyente. Asimismo, me sumo a las declaraciones de los profesores de Derecho Constitucional integrantes de ABCD (Brasil), al pronunciamiento de juristas ecuatorianos, al pronunciamiento de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, a la Declaración del Instituto Costarricense de Derecho Constitucional, a la Declaración de Profesores de Derecho Público de la República Dominicana, a la Declaración de Constitucionalistas Colombianos, la Declaración del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, a la Declaración de Constitucionalistas Argentinos y a la Declaración del Instituto Iberoamericano de Derecho constitucional repudiando tan aberrante accionar del Gobierno venezolano, abrigando la esperanza de que la institucionalidad, la democracia y la plena vigencia de la Constitución retornen pronto al hermano país.

Biografía

Antonio Negri: El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Libertarias/Prohufi, Madrid, 1994, p. 17.

HRW. Es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades.

Fuente, informe HRW, Crisis Humanitaria en Venezuela. Disponible en: https://www.hrw.org/es/report/2016/10/24/crisis-humanitaria-en-venezuela/la-inadecuada-y-represiva-respuesta-del-gobierno, o, https://www.youtube.com/watch?v=7-wN_dcpuIU.

Fuente, informe HRW, Venezuela, disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas, o, https://www.youtube.com/watch?v=kTHbXk8I-Pc.