Derechos fundamentales en amenaza por eventuales efectos de la actual coyuntura política

Escribe Dr. Jorge Isaac Torres Manrique Especialista en derecho empresarial y administrativo

Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Perú). Egresado de los Doctorados en Derecho y Administración, y de las Maestrías en Derecho Empresarial y Derecho Penal, por la Universidad Nacional Federico Villarreal . Miembro del Comité Científico Internacional del Instituto Jurídico Internacional de Turín (Italia). Experto en Derecho Empresarial y Administrativo.

Recientemente, el escenario político se encuentra seriamente convulsionado y por varios frentes. Así tenemos basilarmente: i) Proyecto de ley de control de medios, que amenaza peligrosamente la libertad de prensa, ii) Crimen organizado en el caso del alcalde de Chilca, iii) Gobernador regional del Callao, detenido preventivamente, por presuntamente haber recibido un soborno de la empresa Odebrecht, por la concesión de un tramo de la Costa Verde.

"Proyecto de ley de control de medios, que amenaza peligrosamente la libertad de prensa, el crimen organizado en el caso del alcalde de Chilca y el caso del gobernador regional del Callao"

En el primer caso, se trata de una trasnochada iniciativa legislativa de las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, la misma que ante el repudio generalizado fue reformulado (aunque sin mayores cambios sustanciales). Pero si con ello no bastase, la insistencia de su apuntalamiento raya con lo penoso. Y es que Aramayo ha solicitado reunirse con el Consejo de la Prensa Peruana, para discutir la mencionada iniciativa. Empero, la referida legisladora no contó con el preciso reflejo de Kela León, directora ejecutiva de dicho colegiado, cuando señaló : “Le pediremos algunos ejemplos de países en los cuales funciona una legislación como esta. Nos gustaría que nos diga en qué lugar esta ha sido efectiva en la lucha contra la corrupción”.

El segundo caso, al alcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalos, se encuentra implicado en tráfico de terrenos, delitos de extorsión, cohecho pasivo propio, así como, colusión en organización criminal: “El fiscal Jorge Chávez, en diálogo con RPP, reveló que el alcalde de Chilca, Richard Ramos, ha sido detenido por el presunto delito de tráfico de terrenos y usurpación agravada. Si bien no se descarta lavado de activos, esto todavía no está incluido en las investigaciones preliminares.”

Y respecto del tercero, tenemos: “El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, juez Ricardo Manrique Laura, dictó 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, acusado de presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.”.

Precisamos mencionar que el reclamo y rechazo de los casos indicados (sobre todo, el primero), no solo debe ser de parte de la parte agraviada en potencia, esto es, la prensa en pleno, sino de la sociedad en su conjunto. De lo revisado podemos acotar en principio, que lo indicado no constituye amenaza menor o presuntos delitos de poca monta, lo que preocupa como indigna sobremanera.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la quintaesencia de las entidades del Estado en estar al servicio de la población, dando prioridad preferente a los sectores menos favorecidos, generando valor público.

En ese orden de ideas, se colige que en lo mencionado, el Estado (a través de los señalados funcionarios públicos) defrauda grosera y campantemente a su creador (la población), volviéndose contra el mismo. Ello se configura cuando supuesta como principalmente, se pretende amordazar a la prensa, se beneficia indebidamente de dinero proveniente del Estado y se sobrevalora el monto de una concesión.

No obstante, amerita abordar la otra arista de la presente entrega, esto es, lo relacionado a cuales son los derechos fundamentales atropellados o puestos en serio riesgo de vulneración.

Así, es de acotar que al limitar la libertad de prensa o libertad de funcionamiento de la misma, se vulnera también el derecho fundamental a la libertad de información. A propósito en el Fundamento 6., de la sentencia Exp. Nº 02976-2012-PA/TC del Tribunal Constitucional peruano, enseña: “(…)la libertad de información(…)garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el artículo 13° de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de manera veraz (…)”.

En esa línea argumentativa, en el Fundamento 9., el señalado Colegiado Constitucional continúa: “En ese contexto el Tribunal ha recordado que el reconocimiento de estas libertades comunicativas no solo es concreción del principio de dignidad humana y complemento inescindible del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sino que también se encuentran estrechamente vinculadas al principio democrático pues, con su ejercicio, se posibilita la formación, el mantenimiento y la garantía de una sociedad democrática, al promover y garantizar la formación libre y racional de la opinión pública”.

Ergo, queda claro que el amordazamiento de la libertad de prensa, no comporta solamente la vulneración de los derechos fundamentales de la prensa, sino también lo subsecuente de todas las personas.

Acerca del crimen organizado, es preciso dejar constancia que el mismo vulnera los derechos fundamentales: i) a la vida, ii) a la integridad personal, iii) a la libertad y la seguridad personales, iv) a las garantías procesales y a la protección judicial, iv) a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, v) a la libertad de expresión, vi) de reunión y asociación, vii) a participar en los asuntos de interés público, y viii) al disfrute pacífico de los bienes.

Y en relación de los delitos de cohecho pasivo propio, colusión y asociación ilícita para delinquir, se vulnera el derecho fundamental a contar con una administración pública eficiente y eficaz, la misma que atienda de manera debida y oportuna las necesidades de la población.

Para concluir, sugerimos a la población en general asumir una actitud atenta como comprometida, ante la comisión a amenaza de comisión de dichos delitos, pues ello conlleva a su vez, la vulneración de los irrestrictos derechos fundamentales de todas las personas.

Biografía

CHIRINOS CANÉ, Diego. Aramayo pide reunión a CPP por proyecto sobre control de medios. En Diario El Comercio. En línea: Recuperado en fecha 08/04/17 de http://elcomercio.pe/politica/congreso/alejandra-aramayo-pide-reunion-consejo-prensa-peruana-proyecto-sobre-control-medios-noticia-1982325, Lima, 2017.

S/a. Alcalde de Chilca, Richard Ramos, fue detenido en megaoperativo policial. En Diario La República. En línea: Recuperado en fecha 08/04/17 de http://larepublica.pe/sociedad/862587-alcalde-de-chilca-richard-ramos-es-detenido-por-presunto-lavado-de-activos, Lima, 2017.

S/a. Félix Moreno: juez dicta 18 meses de prisión preventiva por sobornos de Odebrecht. En Diario La República. En línea: Recuperado en fecha 08/04/17 de http://larepublica.pe/politica/863359-felix-moreno-juez-dicta-prision-preventiva-por-sobornos-de-odebrecht, Lima, 2017.