Camino a la Privatización de las Empresas Públicas
¿Qué tan factible sería para el Perú adoptar un modelo similar al caso chileno, teniendo como fin garantizar de forma el óptima el interés general?
En estos tiempos no resulta novedoso que el Estado pierda sus posiciones tradicionales de titularidad sobre unos servicios que son gestionados por una empresa privada dándole al Estado una nueva posición como Administración o Autoridad reguladora. Este fenómeno se puede asociar al caso chileno el cual se llevó a cabo la privatización del servicio de agua y saneamiento, adoptando un modelo privado de abastecimiento con el fin de optimizar el servicio del país vecino. En este sentido, el Estado peruano está llevando a cabo Reformas a nivel nacional, siendo el tratamiento del agua parte de estos cambios. ¿Qué tan factible sería para el Perú adoptar un modelo similar al caso chileno, teniendo como fin garantizar de forma el óptima el interés general?
Esta situación permite que el Estado tenga un enfoque distinto con proyección a futuro, comprendiendo que su presencia activa, extendida a todos los puntos de la sociedad ya no puede mantenerla, pues no dispone de medios o conocimientos para dar cobertura a toda la sociedad. Así mismo su condición de Estado garante es el de garantizar que sus servicios se lleven a cabo adecuadamente, es decir con niveles de objetividad y calidad exigibles, teniendo a los agentes privados especializados la disposición de estos medios. Es por ello que en nuestro país hay un intento de privatización del agua potable, teniendo en cuenta que, si se llegara a dar esta situación, el Estado tendría que fortalecer la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) para fijar reglas de juego claras, estableciendo los límites con las empresas privadas, a través de un marco regulatorio que permita reforzar el control de las empresas y optimizar el servicio del servicio del agua.
Es importante tener en cuenta que, si bien el Estado cumple un rol garantizador de derechos sociales, por otro lado, es necesario regular y equilibrar las relaciones de poder; para que los particulares también cuenten con la protección debida y las garantías a sus derechos e intereses y protegiendo también los intereses públicos en juego. Así mismo, la Constitución impone al Estado como garantizador de toda una serie de derechos, pero sin exigir que sea el Estado o las Administraciones las que las presten directa o indirectamente. Es así como estas dos últimas décadas se han elaborado proyectos técnicos con el fin de mejorar el sistema penitenciario, que como todos sabemos, la situación en la que viven los reclusos en estos establecimientos es deficiente.
Es por ello que, sería interesante que se planteara seriamente una iniciativa de ley a fin de aplicar estas modificaciones, para solucionar problemas como el hacinamiento por sobrepoblación de internos, falta de personal administrativo competente, tratamiento en el área de salud, tratamiento psicológico con especialistas en rehabilitación para recuperar al ser humano que se encuentra preso, a fin de aplicar una verdadera política de readaptación social del interno. En consecuencia, cuando se aplique el Derecho público a los privados, no se debería buscar distorsionar los elementos positivos que traen consigo la privatización, como por ejemplo la eficiencia, los costos ajustados, la gestión y el conocimiento experto y la innovación o adaptación tecnológica.
La extensión del derecho administrativo a sujetos destinatarios de servicios públicos, ha tenido como propósito dispensar una tutela adecuada. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el derecho privado normaliza a empresas públicas; un claro ejemplo es el de Petroperú, siendo empresa estatal bajo un régimen privado, se ha desplegado en una óptica corporativa, teniendo al Decreto Legislativo N° 1031, como una fuente a la promoción de la Eficiencia Empresarial del Estado. De este modo, desde que el Congreso de la Republica promulgó la Ley Nº 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. se le otorgó una mayor autonomía en el desarrollo de sus actividades, permitiéndole dinamizar su participación en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
En conclusión, es una realidad que en el Perú ya se habla del proceso privatizador y de traslado a particulares de funciones públicas. Por ello, el Estado debe priorizar entre sus agendas las reformas y la modernización de las instituciones públicas, estableciendo consensos entre lo público y privado, pero mostrando criterio a la hora de adoptar medidas de protección al interés general mediante un marco regulatorio claro y definido en cuanto a las funciones del Estado y de los sujetos privados.
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